La Secretaría de Administración alista la salida definitiva de cientos de vehículos y miles de bienes muebles que permanecen almacenados en bodegas del Gobierno de Tamaulipas, mediante una subasta pública que se realizará en las próximas semanas para desincorporar unidades y equipo que ya no tienen utilidad.

La titular de la dependencia, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que el proceso contempla la venta de 710 vehículos y más de 12 mil bienes muebles que actualmente están catalogados como chatarra o material en desuso. Explicó que la revisión del inventario permitió detectar una importante cantidad de bienes que, pese a haber concluido su […]

La titular de la dependencia, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que el proceso contempla la venta de 710 vehículos y más de 12 mil bienes muebles que actualmente están catalogados como chatarra o material en desuso.

Explicó que la revisión del inventario permitió detectar una importante cantidad de bienes que, pese a haber concluido su vida útil, continuaban ocupando espacio debido a la ausencia de lineamientos que permitieran su baja y disposición final.

Ante esta situación, señaló que se elaboraron y publicaron nuevas reglas administrativas para hacer posible su desincorporación y posterior venta mediante un proceso abierto.

La funcionaria insistió en que los vehículos serán dados de baja del inventario estatal antes de ser incluidos en la convocatoria de subasta, en la que podrán participar los interesados en adquirirlos.

Y al referirse a los bienes muebles, Manatou Galván dijo que se trata principalmente de mobiliario de oficina como sillas, escritorios, mesas y otros equipos que, por el desgaste ocasionado por años de uso en dependencias gubernamentales, fueron declarados inservibles.

Además agregó que el procedimiento inició formalmente en enero y actualmente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisa los expedientes para validar que cada vehículo y bien mueble cumpla con los requisitos legales antes de ser incorporado a la subasta.

Una vez concluida esa revisión, el Gobierno del Estado emitirá la convocatoria pública para concretar la venta del material, con lo que busca liberar espacios de almacenamiento y retirar del inventario oficial bienes que dejaron de ser funcionales.